Seis meses desde la ley que regula el trabajo a distancia

El pasado mes de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó el decreto-ley para regular el teletrabajo. La opción laboral, aupada por la pandemia, tenía por fin un marco normativo planteado de urgencia. Esta ley establece, por ejemplo, que trabajar media jornada desde casa o un día completo de manera puntual se considera práctica flexible y no teletrabajo. Para que las reglas del nuevo decreto se apliquen, es necesario que las horas trabajadas en remoto sean al menos el 30% de la jornada laboral, durante un periodo de tres meses, lo que equivale a un día y medio a la semana. 

Del mismo modo, se especifica que la empresa es la encargada de la dotación y mantenimiento de los medios y equipos que el trabajador necesite para ejercer la actividad a distancia. Sin embargo, el 40% de los españoles afirma que la principal problemática ahora mismo es precisamente el incremento de los gastos de luz e internet en el hogar, según datos del Informe de InfoJobs sobre Teletrabajo elaborado en colaboración con The Cocktail Analysis.

En este sentido, si bien  la mayoría de empresas está de acuerdo con las cláusulas de la nueva ley, el pago de gastos es la que genera más rechazo. En concreto, mientras que solo una de cada diez organizaciones está en contra de cuestiones como garantizar el derecho del trabajador a la desconexión digital, encargarse de la dotación y mantenimiento de los equipos o mantener los derechos y condiciones laborales contemplados en el trabajo presencial, el porcentaje asciende a casi la mitad (el 45%) cuando se trata de asumir los costes derivados del teletrabajo. 

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